Francisco Ontiveros, en su despacho oficial. / JESÚS ANDRADE
FRANCISCO ONTIVEROS, TITULAR DEL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE VITORIA
«La Ertzaintza ofreció información inveraz tras la muerte de Asun»
Afirma que los jueces «no podrían haber evitado» el asesinato de la mujer porque no sabían que hubiera sido agredida antes
A. MORAZA/VITORIA
Casi año y medio después de llegar a Vitoria para responsabilizarse del primer y, hasta ahora único, Juzgado de Violencia sobre la Mujer abierto en la ciudad, Franciso Ontiveros se topó, el pasado día 2, con el homicidio de Asun Villalba a manos de su marido en Sansomendi. Un trágico suceso que, asegura, los jueces «no podrían haber evitado» ya que, en contra de la «inveraz información que ofreció la Ertzaintza», ignoraban que la víctima hubiera sido agredida con anterioridad al crimen.
-¿Considera efectiva la Ley de Violencia de Género?-
Creo que es mejorable. Se está exigiendo a la Justicia y a la Policía una respuesta desmesurada al problema y no se incide suficientemente en aspectos como la educación, la sanidad o la atención social. La aplicación efectiva de esta ley costaría mucho dinero y, hoy por hoy, no se habilitan recursos para evitar situaciones que pueden desembocar en una violencia explosiva, como la de esas parejas que no pueden romper su relación por cuestiones económicas.
-De hecho, las cifras de denuncias y muertes no cesan de aumentar...-
No podemos comparar las muertes actuales con las de hace 10 años, porque entonces no se hacía un seguimiento de ellas. Por otra parte, existe un cierto número de muertes que son, hasta cierto punto impredecibles, porque los malos tratos previos se suscitan en el ámbito de la privacidad de la pareja y, si no los conocemos, no podemos actuar. En cambio, si hay denuncia y la víctima ha seguido adelante, las posibilidades de intervenir contra el maltratador son grandes. Es más difícil que una persona condenada por esa causa vuelva a agredir a la misma víctima. De hecho, el quebrantamiento de órdenes judiciales en estos casos se sanciona con un mínimo de seis meses de cárcel, cuando el incumplimiento de otro tipo de órdenes sólo conlleva multa. Riesgo y expectativas
-¿Qué es lo que falla cuando muchas mujeres que han presentado denuncia acaben muriendo a manos de sus parejas o ex parejas?-
Es difícil conocer la causa de ese problema. Hay mujeres que retiran la denuncia por dependencia emocional del agresor o por mantener el 'statu quo' económico o familiar. Por eso es importante que exista una red de recursos que permita ofrecerles expectativas para que vean con claridad el riesgo que corren. En muchos casos, si la víctima no coopera con la Justicia, no podemos actuar porque nos quedamos sin la posibilidad de reunir pruebas contra el agresor.
-Asun Villalba retiró la denuncia por maltrato psíquico que había interpuesto contra su marido en diciembre de 2006. ¿Podría haberse evitado su muerte?-
Ninguno de nosotros podía haber evitado su muerte porque no nos constaba que hubiera sido agredida antes del crimen. Ella compareció en el Juzgado de Guardia y dijo que no temía a su marido, que nunca la había agredido aunque sí la insultaba, que sólo quería separarse y que no quería seguir adelante con su denuncia. Como los insultos no son perseguibles de oficio y el fiscal tampoco formuló cargos contra el marido, el juez archivó el caso.
-Sin embargo, la Ertzaintza aseguró en nota de prensa que Asun había pedido protección y no la obtuvo...-
Esa información era inveraz. Además, en el atestado policial no constaba la existencia de denuncias previas y la propia Asun negó que hubiera denunciado con anterioridad a su marido. El juzgado no puede tener en tiempo real datos anteriores a 2005 y la anterior denuncia de Asun databa de cinco años antes. Nos duele que esa información policial haya desencadenado críticas absolutamente infundadas. No entiendo por qué la Policía vasca dio información no contrastada sobre procedimientos penales, cuando le hubiera resultado muy fácil llamar y preguntar. Soy el primero en asumir mi responsabilidad cuando he cometido un error pero en este caso concreto no lo hubo.
-¿La Justicia debe actuar de oficio contra los agresores aunque las mujeres no quieran ser protegidas?-
Hay víctimas cuyo enganche emocional con el agresor condiciona su libertad. ¿Hasta qué punto debe intervenir el Estado en el ámbito de la libertad personal? Lo cierto es que estos delitos son muy graves porque atacan a la dignidad de la persona, un derecho fundamental. Y los ciudadanos están obligados a denunciarlos, aunque la víctima se niegue a hacerlo.
-¿Considera efectiva la Ley de Violencia de Género?-
Creo que es mejorable. Se está exigiendo a la Justicia y a la Policía una respuesta desmesurada al problema y no se incide suficientemente en aspectos como la educación, la sanidad o la atención social. La aplicación efectiva de esta ley costaría mucho dinero y, hoy por hoy, no se habilitan recursos para evitar situaciones que pueden desembocar en una violencia explosiva, como la de esas parejas que no pueden romper su relación por cuestiones económicas.
-De hecho, las cifras de denuncias y muertes no cesan de aumentar...-
No podemos comparar las muertes actuales con las de hace 10 años, porque entonces no se hacía un seguimiento de ellas. Por otra parte, existe un cierto número de muertes que son, hasta cierto punto impredecibles, porque los malos tratos previos se suscitan en el ámbito de la privacidad de la pareja y, si no los conocemos, no podemos actuar. En cambio, si hay denuncia y la víctima ha seguido adelante, las posibilidades de intervenir contra el maltratador son grandes. Es más difícil que una persona condenada por esa causa vuelva a agredir a la misma víctima. De hecho, el quebrantamiento de órdenes judiciales en estos casos se sanciona con un mínimo de seis meses de cárcel, cuando el incumplimiento de otro tipo de órdenes sólo conlleva multa. Riesgo y expectativas
-¿Qué es lo que falla cuando muchas mujeres que han presentado denuncia acaben muriendo a manos de sus parejas o ex parejas?-
Es difícil conocer la causa de ese problema. Hay mujeres que retiran la denuncia por dependencia emocional del agresor o por mantener el 'statu quo' económico o familiar. Por eso es importante que exista una red de recursos que permita ofrecerles expectativas para que vean con claridad el riesgo que corren. En muchos casos, si la víctima no coopera con la Justicia, no podemos actuar porque nos quedamos sin la posibilidad de reunir pruebas contra el agresor.
-Asun Villalba retiró la denuncia por maltrato psíquico que había interpuesto contra su marido en diciembre de 2006. ¿Podría haberse evitado su muerte?-
Ninguno de nosotros podía haber evitado su muerte porque no nos constaba que hubiera sido agredida antes del crimen. Ella compareció en el Juzgado de Guardia y dijo que no temía a su marido, que nunca la había agredido aunque sí la insultaba, que sólo quería separarse y que no quería seguir adelante con su denuncia. Como los insultos no son perseguibles de oficio y el fiscal tampoco formuló cargos contra el marido, el juez archivó el caso.
-Sin embargo, la Ertzaintza aseguró en nota de prensa que Asun había pedido protección y no la obtuvo...-
Esa información era inveraz. Además, en el atestado policial no constaba la existencia de denuncias previas y la propia Asun negó que hubiera denunciado con anterioridad a su marido. El juzgado no puede tener en tiempo real datos anteriores a 2005 y la anterior denuncia de Asun databa de cinco años antes. Nos duele que esa información policial haya desencadenado críticas absolutamente infundadas. No entiendo por qué la Policía vasca dio información no contrastada sobre procedimientos penales, cuando le hubiera resultado muy fácil llamar y preguntar. Soy el primero en asumir mi responsabilidad cuando he cometido un error pero en este caso concreto no lo hubo.
-¿La Justicia debe actuar de oficio contra los agresores aunque las mujeres no quieran ser protegidas?-
Hay víctimas cuyo enganche emocional con el agresor condiciona su libertad. ¿Hasta qué punto debe intervenir el Estado en el ámbito de la libertad personal? Lo cierto es que estos delitos son muy graves porque atacan a la dignidad de la persona, un derecho fundamental. Y los ciudadanos están obligados a denunciarlos, aunque la víctima se niegue a hacerlo.
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